Una resolución relativa a este nuevo estatuto fue votada, en sesión plenaria hoy martes, con 122 a favor sobre 230 votantes y 124 expresados, en presencia de una importante delegación parlamentaria marroquí presidida por Abdelouahd Radi, presidente de la Cámara de los Representantes (cámara baja), y Mohamed Cheikh Biadillah, presidente de la Cámara de los Consejeros (senado).
  
Este nuevo estatuto fue establecido en 2010 para reforzar la cooperación institucional con los parlamentos de los Estados terceros de las regiones vecinas, que deseen participar en el debate político sobre los desafíos comunes que trascienden las fronteras europeas.

En el texto de la resolución adoptada hoy martes, la APCE, que reagrupa a 318 miembros de los parlamentos de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa estima que la demanda del Parlamento de Marruecos, presentada en febrero de 2010 "satisface los criterios formales enunciados en su reglamento".
   
Reconoce que "el Parlamento, las fuerzas políticas, los agentes de Estado y públicos y la sociedad civil de Marruecos comparten ampliamente los objetivos del partenariado para la democracia que pretende reforzar la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el país".
     
En el momento en que los pueblos de varios países árabes y mediterráneos  expresan claramente el deseo de adquirir derechos políticos y sociales fundamentales, la Asamblea "estima importante que Marruecos, que tiene instituciones políticas y tradiciones de pluralismo político muy establecidas, permanezca en la vía de una evolución democrática".
  
También se felicita por el nuevo proyecto de Constitución, que constituye una importante etapa hacia la consolidación de los principios de la democracia, del respeto de los derechos humanos y de la primacía de derecho". 
 
La APCE considera, por otra parte, que las medidas concretas son esenciales para reforzar la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Marruecos.

Estas medidas conciernen particularmente la organización de elecciones libres y equitativas, la garantía de la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres en la vida política y pública, la consolidación de la democracia local y regional, la lucha contra la corrupción, la plena aplicación de las recomendaciones de la Instancia Equidad y Reconciliación, etc.
    
Se refieren también a "la puesta en marcha de la reforma de la justicia", "la abolición de la pena de muerte inscrita en el Código Penal yendo más allá de la moratoria de hecho sobre las ejecuciones instaurada desde el 1993", y "la prevención de la tortura y de los tratamientos inhumanos y degradantes".

La resolución invita también el Parlamento marroquí a "fomentar la adhesión a los Convenios pertinentes del Consejo de Europa y a sacar plenamente provecho de su pericia".