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Las atribuciones del Parlamento atañen los ámbitos de la producción legislativa y del control de la acción gubernamental. 1-La producción legislativa: Como ocurre en todos los regímenes parlamentarios, la iniciativa de leyes pertenece conjuntamente al Primer Ministro y a los miembros del Parlamento. Los proyectos de leyes se ponen sobre la Mesa del despacho de una de las dos Cámaras.
El derecho de enmienda pertenece de igual modo al Gobierno como al Parlamento salvo cuando las iniciativas legislativas estén constitucionalmente sometidas a los principios del parlamentarismo | racionalizado: la inadmisibilidad se plantea en caso de interferencia en el ámbito de la ley, de incidencia financiera y de una falta de paso previo por una comisión.
El orden del día es establecido por el despacho e implica prioritariamente los proyectos gubernamentales y las proposiciones aceptadas por el Gobierno. El orden del día complementario se establece igualmente por el despacho y este último “tiene que reunir todas las proposiciones de ley o todas las pregunta que habían sido examinadas por una comisión cuando el presidente del grupo lo estime necesario” (art.198 del reglamento interior de la Cámara de Diputados, art.221 del reglamento interior de la Cámara de Consejeros).
2- El control gubernamental:
Se aplica a nivel de las preguntas, de las comisiones de investigación y de la responsabilidad gubernamental.
a- las preguntas:
La legislatura actual ha demostrado un notable dinamismo en las sesiones de preguntas con una media de 850 preguntas orales y 650 escritas por sesión para la Cámara de Diputados, 620 preguntas orales y 480 preguntas escritas por sesión a nivel de la Cámara de Consejeros.
b- Las comisiones de investigación:
Las comisiones de investigación han sido consagradas en la reforma constitucional de 1992 y permiten dotar al Parlamento con los instrumentos básicos indispensables para el control del gobierno. Antes de 1992, los reglamentos interiores de las legislaturas anteriores habían intentado introducir en su dispositivo artículos que preven la posibilidad, para los elegidos, de constituir comisiones de investigación y de control.
La Cámara constitucional de aquella época reiteraba constantemente que la creación de comisiones de investigación y de control no figura entre los medios de control previstos en la Constitución y rechazó entonces estas disposiciones por su inconformidad con la misma.
Con todo, a raíz de unos graves acontecimientos, S.M el Rey dio sus altas directivas para la diligencia de unas comisiones de investigación que se han dedicado especialmente a la cuestion de fugas del Bachillerato (1979), los acontecimientos de Fes (1990) y al tráfico de drogas (1995).
La Constitución de 1992 introdujo un nuevo elemento permitiendo a los elegidos, en caso de mayoría, crear comisiones de investigación suceptibles de arrojar luz sobre hechos determinados en cuanto que estos últimos no han dado curso todavía a persecusiones judiciales. Al final de su trabajo, la comisión tiene que elaborar un informe. Los miembros de la Cámara de Diputados sometieron el CIH (Crédito Inmobiliario y Hotelero) en 2000 a este procedimiento mientras que la Cámara de Consejeros lanzó una comisión de investigación sobre la CNSS (Caja Nacional de Seguridad Social), en 2001. c- La responsabilidad parlamentaria:
El gobierno es responsable ante el Rey y el Parlamento. Desde el momento de su designación, el Gobierno asume esta responsabilidad que se manifiesta en la declaración de su política general ante el Parlamento o en el voto de un texto o cuando el Parlamento decide quitarle la confianza.
Después de su nombramiento, el Primer Ministro se presenta ante cada una de las dos cámaras para exponer las grandes líneas de su programa. Debatido ante cada una de las dos Cámara, el programa no es votado salvo ante la Cámara de Diputados mientras que en la Cámara de Consejeros se procede a un simple debate.
La demanda de confianza sobre la declaración de política general o sobre el voto de un texto: en este caso, sólo la Cámara de Diputados puede conceder o negar su confianza al gobierno bajo una declaración de política general o sobre el voto del texto. El rechazo de la confianza por mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Diputados acarrea la dimisión colectiva del gobierno. A este nivel también, no interviene la Cámara de Consejeros.
La moción de censura: las dos cámaras pueden sancionar el gobierno mediante el voto de una moción de censura. A pesar de todo, dos detalles tienen que tomarse en consideración: la indispensabilidad de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y una mayoría consolidada en la Cámara de Consejeros.
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